Este martes 13 de marzo se conoció el dictamen de la Procuración General de la Nación en relación a la presentación del vecino Julio Majul, solicitando que se revise el dictamen que anuló el fallo de los jueces de la justicia ordinaria, quienes dieron lugar oportunamente, al amparo presentado contra el emprendimiento Amarras de Gualeguaychú.

El dictamen emitido por la Procuradora Dra. Laura Monti declaró admisible el recurso de queja, procedente el recurso extraordinario, y revocó la sentencia apelada por el Municipio de Pueblo General Belgrano, manifestando la devolución de la causa al Tribunal de procedencia -STJER- a fin de que se dicte una "nueva sentencia ajustada a derecho".

"Considero que lo más importante es que la Procuradora haya planteado que el Superior Tribunal de Justicia de Entre ríos no tomó en cuenta la cuestión de fondo. Además de que se hace hincapié en el cuidado de los bienes comunes y del Medio Ambiente. Se nota que hay conocimiento sobre la causa, ya que Monti menciona incluso la resolución N° 191 que en 2014 sancionó por el período de 180 días a la empresa Altos de Unzué para que cesen las obras en tanto la empresa no contara con el certificado de aptitud ambiental aprobado", dijo a R2820 la integrante de la organización ambiental Salvemos el Río Gualeguaychú, Natacha Crimella.

"Este es un dato importante, porque en este caso se trata de una segunda sanción debido a la violación del decreto 4977/09 (Estudio de Impacto Ambiental), es decir que la Procuradora prestó atención al cúmulo de denuncias que hace cinco años venimos presentando los vecinos", señaló.

"Cabe recordar que con el correr del tiempo, Altos de Unzué obtuvo un certificado de aptitud ambiental condicionado, el cual fue cuestionado luego por el actual gobernador Bordet, que suspendió los efectos de ese certificado emitido en la gobernación de Urribarri", completó.

"El dictamen de la Procuración General de la Nación rescata también la resolución 264, con la que el ex secretario de Ambiente de Entre Ríos Fernando Raffo, autorizó a Altos de Unzue a seguir las obras del barrio náutico Amarras del Gualeguaychú, porque en ese momento había una sudestada en el río Gualeguaychú y entonces accedió al pedido de la empresa para avanzar en la terminación de alcantarillas y demás obras hidráulicas en el predio. Esto da cuenta del estudio minucioso de la causa por parte de la Procuración. Toma cada uno de los pasos que dio, Amarras desde el punto de vista de las diferentes resoluciones que autorizaron Obras Civiles e Hidráulicas en el predio, como un modus operandi de la empresa para avanzar pese a la falta de los permisos necesarios para constituirse como tal", desarrolló.

Al momento de la conclusión, la Procuradora Monti plantea textualemente: "En cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro. en este sentido, la realización de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de las actividades no significa una decisión prohibitiva del emprendimiento en cuestión, sino, antes bien, una instancia de análisis reflexivo realizado sobre bases científicas y con participación ciudadana".

Y agrega: "En tales condiciones, entiendo que el pronunciamiento apelado -que omite expedirse sobre aspectos oportunamente planteados y conducentes para la solución del caso- exhibe defectos de fundamentación que afectan de forma directa e inmediata las garantías constitucionales que se dicen vulneradas".

"Sabemos que este dictamen no implica una resolución al conflicto en términos definitivos, pero nos parece interesante todo lo que se plantea a raíz de un reclamo que lleva más de cinco años en pugna y que requiere una respuesta que en este caso está buscándose en el ámbito judicial, pero debería ser política: ¿Qué intereses prioriza el gobierno de la provincia en materia ambiental?", cuestionó Crimella.

"Esperamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida en la cuestión de fondo, más allá de la lectura que considero brillante por parte de la Procuración", sumó.

¿Cuales serán los próximos pasos en la causa Amarras?

"Pueden ocurrir tres cosas: que la CSJN dictaminé en consonancia con la Procuradora, que confirme el fallo del STJER o que se expida en la cuestión de fondo. Solo nos queda esperar ante una resolución que, dado el último dictamen, debería ser inminente y favorable a nuestro genuino reclamo", concluyó la ambientalista.
Novedad Judicial

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