Según publicó la prensa del vecino país, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay multó a la compañía finlandesa UPM (ex Botnia) por haber vertido al río Uruguay sustancias contaminantes más allá de los límites permitidos.

La ministra Eneida de León informó la semana pasada que la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos fue multada en alrededor de medio millón de pesos uruguayos (alrededor de 17.600 dólares) según informó El Observador.

De León advirtió que, la sanción económica, de un valor ínfimo para los presupuestos que manejan las compañías, responde a una relación directa con el nivel de afectación de las aguas. "Si fuera mayor, la multa también sería más cara", afirmó. Aquí vale detenerse y preguntarnos: ¿Cuál es el criterio para multar el daño ambiental irreversible que sufre el río Uruguay? ¿Qué hará la Comisión Administradora del Río Uruguay con esta información?

Por su parte UPM admitió el vertido de contaminantes al río Uruguay más allá de los límites permitidos y señaló este miércoles ante periodistas locales que se trató de "algo puntual" que ya fue solucionado.

"Fue algo puntual. Fueron dos episodios que se registraron en diciembre 2016 y enero de 2017. La empresa ya informó junto con las autoridades en noviembre de 2017 ante la Comisión de Seguimiento", dijo el gerente de comunicaciones de la pastera, Matías Martínez.

La anomalía se produjo por un exceso de fósforo durante un "proceso de recuperación" que llevó acabo la compañía durante esos dos meses, y que luego "fue corregido", explicaron livianamente al periodismo del vecino país.

"No es una cuestión de multas, hay que sacar la empresa de ahí"

"El Uruguay no se ha preocupado de prestar atención y ahora quieren lavar sus culpas con una multa irrisoria que equivale unos 400.000 pesos argentinos. El río no se va a recuperar con dinero. Es una empresa a gran escala en un mal lugar, sin hablar de la contaminación atmosférica que produce al emitir una tonelada de material particulado por día", dijo a Beat 99UNO el integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG), Martín Alazard.

"No es una cuestión de multas, hay que sacar la empresa de ahí", afirmó.

"Si la Corte Internacional de Jsuticia dijo en su fallo que se reconocía contaminación ambiental, pero no se le podría indilgar la contaminación a Botnia, ahora qué va a pasar que la empresa lo reconoció públicamente", cuestionó el asambleísta.

"Vamos a reunirnos con los abogados de la Asamblea para ver que medidas tomamos, se abren nuevas instancias al existir un reconocimiento del ilícito cometido por la empresa. Los gobiernos de diferentes colores no han admitido la contaminación de Botnia, pero ahora si lo hace la empresa. Nos preguntamos que va a hacer la CARU y el gobierno con esto", señaló.

"Desde el año 2005 que la causa por tentativa de contaminación está en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, durmiendo el sueño de los justos. Que nadie diga nada sobre esto es gravísimo", cerró.
Grave

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