La defensa del ex gobernador Sergio Urribarri hizo saber que el titular de la Cámara de Diputados no se amparará en los fueros.

Así se supo luego del pedido de desafuero presentado por la Justicia ante la Legislatura por la causa que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de la publicidad oficial durante la gestión anterior.

El diputado Pedro Báez también está en la misma situación que el presidente de la Cámara de Diputados. La Fiscalía entendió que en las contrataciones eludieron los mecanismos legales. El delito que se imputa es el de negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez de Transición Gustavo Maldonado fue quien solicitó a la Cámara baja el desafuero de Urribarri y de Báez. Esta causa se inició tras la denuncia del ex diputado nacional por el radicalismo, Jorge D’Agostino.

El ex gobernador y ex ministro de Comunicación y Cultura están procesados luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara esa instancia de los investigados.

Los diputados enrolados en el bloque Cambiemos habían adelantado que ante cualquier pedido de desafuero en las causas que están tramitando en sede judicial harían lugar al pedido judicial.

Raúl Barrandeguy, abogado defensor de Urribarri, hizo saber que presentó un escrito solicitando que se lo convoque. Esta vez, entonces, se presentará ante el juez, a diferencia de lo que sucedió en otros procesos en curso.

En la denuncia de D’Agostino aparecen contrataciones por un millón de pesos en publicidad a diarios y revistas y 500 mil pesos a Global Means SA. Entre los medios beneficiados se encuentran el canal C5N con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), con 271 mil pesos y el diario Uno con 800 mil pesos, entre otros.

Para el radical, en el reparto de la publicidad oficial hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Germán Buffa, a quien se sindica como el testaferro de Báez.

La Fiscalía entendió que en las contrataciones se eludieron los mecanismos legales. El delito que se imputa es el de negociaciones incompatibles con la función pública.
Fuente: Pagina Judicial
Política Justicia

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